sábado, 7 de mayo de 2011


Emilio Spataro, coordinador de la Campaña "Salvemos al Ibera", estuvo detenido durante  tres días por denunciar el accionar de una arrocera ilegal. ComAmbiental habló con él y su abogada sobre la criminalización de las protestas ambientales por parte del gobierno provincial y sus intereses asociados a la actividad agroexportadora.


Cultivo del arroz en Corrientes. Foto: INTA
Con el lema "Debemos proteger el agua en nuestro país, no reprimir a quienes la defienden", mañana se realizará, a las 16hs en la Sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, una conferencia convocada por la diputada Victoria Donda en repudio de la detención de 14 activistas de la organización "Salvemos al Iberá", el pasado 13 de abril. Aquí, adelantamos los testimonios para explicar una lucha en donde está en juego el modelo económico y qué se entiende por la "legalidad" en Corrientes.

La "libre circulación". Luego de la detención, el gobernador Ricardo Colombi habló con los medios locales para expresar su argumento: "sostengo que no hay que llevar la protección ecológica al extremo, porque atenta contra la actividad productiva de la provincia", declaró. A su vez, manifestó que se debe garantizar el derecho a la libre circulación.

"La imputación hace una referencia implícita a las protestas, a los cortes de camino. Pero no hubo comisión de delito, primero porque no estaban despiertos y segundo estaban al costado del camino", respondió la abogada, Patricia Mc Cormack, del municipio de Carlos Pellegrini. Y agregó: "Es ilógico lo que hizo el gobernador porque el viernes, empleados de la administración pública del Instituto de Vivienda, cortaron cerca de la Casa de Gobierno y no había ni un policía".

Emilio Spataro también tiene sus sospechas hacia el gobernador: "Todo hace pensar que el gobernador  mandó la orden, primero porque no hubo orden judicial de desalojo sino que la policía actua de oficio. Segundo, porque el gobernador salió a hacer declaraciones a favor de nuestra detención, con un posicionamiento muy fuerte".

Para el coordinador de Salvemos al Iberá: "Esto claramente se entiende en una escalada en la cual venimos denunciando irregularidades en el otorgamiento de permisos para la actividad arrocera y el funcionamiento de arroceras ilegales. Nosotros nos movilizamos constantemente por el Ayuí y eso venía generando un nivel de confrontación con el gobierno provincial bastante grande".

La falacia "sistema productivo vs medio ambiente". Como es habitual en los conflictos de este tipo, se apela a la excusa del crecimiento productivo para arrasar con el ecosistema y justificar la represión hacia los ambientalistas. "No será, al menos en breve, una provincia automotriz, ni generadora de energía nuclear, tenemos que defender las actividades que generan recursos y trabajo a los correntinos" fueron las declaraciones de Colombi que reprodujo el diario Momarandu.

Días antes de la detención de los ambientalistas, "Salvemos al Iberá" emitió un comunicado manifestándose en contra de la postura "productivista" de Colombi, quien afirmó en una reunión de productores agropecuarios que el futuro de Corrientes se basa en la actividad arrocera.  

"Este año aumentó la superficie sembrada de arroz en 20 mil hectáreas (según datos del ACPA) comparado con el ciclo 2009- 2010, generando una cosecha extraordinaria que colocó a Corrientes nuevamente a la vanguardia de la producción de arroz en la Argentina, pero ¿esto modificó la calidad de vida de los correntinos? ¿Se redujo la pobreza y la desocupación? Los mismos datos oficiales de Entes Gubernamentales demuestran que no", dice el mensaje de la organización.

Más en ...
http://www.comambiental.com.ar/2011/04/corrientes-la-criminalizacion-de-la.html

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