COSTA RICA -INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-

Misión Internacional de Observación de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica (MIODHPI)
 

I. Introducción

 En los últimos años, el deterioro en la situación de los Pueblos Indígenas de Costa Rica ha motivado su organización y movilización en pro de la defensa y lucha por el respeto de su autonomía, la integridad de su tierra y territorio, el reconocimiento de sus tradiciones y autoridades propias, el ejercicio de un verdadero derecho de consulta, entre otros derechos humanos violentados sistemáticamente.

Entre los días 24 y 29 de agosto de 2013, una delegación integrada por representantes de redes y organizaciones sociales de Argentina, Uruguay, Nicaragua, Panamá, El Salvador, México y Estados Unidos, desarrollaron la Misión Internacional de Observación de la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica, encabezada por el Premio Nobel de la Paz y Presidente Internacional del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel.

Esta misión fue organizada por iniciativa del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, en el marco del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) con el apoyo del Secretariado Nacional del Servicio Paz y Justicia Costa Rica;  tuvo por objetivos:

• constatar y visibilizar la situación de violencia, discriminación  y persecución, que viven los Indígenas de Costa Rica en sus Territorios, al igual que  otros /as defensores /as de Derechos Humanos, expresada en diversas formas y mecanismos;

• informar a la comunidad nacional e internacional de las violaciones de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en especial sobre la usurpación de sus tierras/territorio, la imposición de mega proyectos (hidroeléctricas – minerías, complejos eco-turísticos, carreteras y urbanizaciones) que destruyen e irrespetan su hábitat y ecosistemas culturales, así como las agresiones físicas, las amenazas a la vida y el terror impuesto por particulares con el consentimiento impune de autoridades;
• incidir en cambios concretos de las políticas del Estado, a favor de la autonomía y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

La Delegación Internacional relevó información a través de una reunión realizada en el territorio Bribri de Salitre, el día lunes 26 de agosto. En esa ocasión participaron delegaciones de 6 de los 8 pueblos indígenas representativos del país, que habitan la mayoría de los 24 territorios: pueblo Maleku del territorio Palenque Margarita, Sr. Markony Lacayo Elizondo; pueblo Cabécar del territorio de Ujarrás, Sra. Isidora Ortiz Villanueva; pueblo Cabécar del territorio de Talamanca, Sra. Zaida Molina Díaz; pueblo Cabécar del territorio de Alto Chirripó, Sr. José Moya Pérez; pueblo Cabécar del territorio Tayní, Sra. Vilma Martínez Iglesias; pueblo Brunkas del territorio Curré, Sr. Cristino Lázaro; pueblo Teribe del territorio de Térraba Sr Enrique Rivera y Sra.Fanny Reyes Ortiz; pueblo Ngäbe del territorio de ConteBurica, Sra. Luisa Bejarano Montezuma; pueblo Ngäbe del territorio de La Casona, Sr. Alexis Rodríguez; pueblo Bribri del territorio de Talamanca, Sr. Fidencio Cubillo Morales; pueblo Bribri del territorio Cabagra, Sr. Maximiliano Torres Torres; pueblo Bribri del territorio de Salitre, comunidad Cebror, Sra. Yamileth Figueroa Calderón; pueblo Bribri del territorio de Salitre, comunidad de Río Azul, Sr. Wilberth Ortiz Delgado; comunidad de Salitre, Sr. Baltodano Morales Figueroa;comunidad de Buena Vista, Sr. Felipe Figueroa Morales; comunidad de Villa Hermosa, Sra. Leonor Morales Ortiz; comunidad de Yeri, Sr. Sergio Rojas Ortiz.

En los días siguientes, mantuvo reuniones con representantes estatales y del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica; también, como parte de la agenda, participó en dos conferencias públicas sobre temas vinculados a los objetivos del encuentro internacional, realizadas en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) y en la Asociación Nacional de Educadores (ANDE).

Este  informebusca compartir algunas consideraciones preliminares a partir de los insumos recogidos en las actividades desarrolladas.
 

II. Testimonios y percepciones

El lunes 26 de agosto, la Delegación Internacional se trasladó al territorio Bribri de Salitre, lugar del encuentro con los pueblos indígenas y representantes de redes y organizaciones sociales del Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
La agenda de la actividad incluyó una ceremonia de bienvenida, la cual fue expresada en los idiomas propios de algunos de los pueblos ahí presentes; un acto cultural y seguidamente la presentación testimonial de la realidad de cada uno de los pueblos participantes en el encuentro y un resumen sobre el contexto por parte del Presidente del gobierno local  del territorio Bribri de Salitre(ADI), Sr. Sergio Rojas Ortiz.
A continuación se sistematiza la información testimonial recabada y que se ordena en los siguientes conflictos manifestados.
 

Autonomía

 Se manifestó reiteradamente  la indignación por la dilatación del proceso para la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo, que lleva 18 años y más de 600 mociones en el Plenario Legislativo. Consideran que esto se debe a falta de voluntad política y que son “permanentemente ignorados”.

Presentan quejas sobre el no uso y control de sus recursos naturales y territorio lo que afecta las prácticas culturales de caza, pesca y tala.

Tierra y territorio

Otra preocupación manifestada es la venta ilegal y  la tenencia continuada de la tierra por parte de no indígenas. Ante esto, han impulsado acciones que denominan “procesos de recuperación de tierras de territorios indígenas”.

También se denunciaron supuestos actos de corrupción por parte de las ADIs en el otorgamiento de herencias, donaciones y certificaciones de posesión de áreas de tierras.
Asimismo, ven amenazados los recursos naturales por el despojo y la contaminación, entre lo que destacan el uso de plaguicidas que daña ríos, quebradas y plantas de uso tradicional. También se reitera la preocupación por la instalación de proyectos de megainfraestructura (hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras) que impactarán directamente en su entorno, vida y costumbres. También la apropiación del patrimonio natural y espiritual por no indígenas, como por ejemplo las sabanas y las aguas termales en Salitre y la laguna de Caño Negro en territorio Guatuso.

Los beneficios del desarrollo de procesos de reforestación llevados adelante por las comunidades son aprovechados por personas no indígenas. Son estos últimos quienes reciben los pagos de servicios ambientales.

Los límites territoriales determinados por los decretos de creación territorial excluyen áreas importantes. Un ejemplo de ello lo constituye el conflicto de reconocimiento del territorioBribri de la comunidad Villa Hermosa como integrante del territorio Bribri de Salitre, situación que se repite en otros territorios.
 

Derecho de consulta

Otra demanda reiterada es la falta de procesos de Consulta de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, manifestando que los proyectos de construcción de infraestructura, escuelas, iglesias, etc. son impuestos por el Estado: “Lo que llega desde el Estado, llega sin consulta”.
 

Acceso a la Justicia

Los/as miembros de las comunidades manifestaron reiteradamente el déficit de acceso a la Justicia, la lentitud de los procesos ante los Juzgados Agrarios y la impunidad en procesos judiciales, bien porque derivan de lo anterior o porque las denuncias no son investigadas o son desestimadas.
 

Relacionados con otros derechos:

La mayoría de los/as expositores aseguraron situación generalizada de pobreza ocasionada por la falta de empleo, la falta de proyectos productivos, áreas cultivables y organización comunal.

Demandan el derecho a una educación de calidad, en su propia lengua, con profesores/as y maestros/as indígenas, capacitados/as y  especializados/as; la reparación de aulas en mal estado y la construcción de nuevas aulas y escuelas.

Reclaman  que los beneficios de programas asistenciales como becas de estudio, bonos de vivienda, bonos de asignaciones familiares, pensiones para adultos mayores, son asignados a personas no indígenas que viven  ilegalmente dentro de los territorios.
También la falta de acceso a servicios públicos (luz, agua, caminería, transporte) a consecuencia de prácticas discriminatorias por parte de instituciones estatales.
Muestran una reiterada preocupación por el debilitamiento y hasta la pérdida de su cultura: lengua, alimentación, medicina tradicional, vestimenta, ritos y ceremonia, usos y costumbres ysus formas propias de organización.
 

Criminalización de la lucha indígena

Varias personas que tomaron la palabra ante la Misión de Observadores, manifiestan que existe persecución, amenazas y represión violenta por parte de órganos del Estado,  frente a la reivindicación y defensa del territorio. Un ejemplo de ello son las acciones de criminalización y judicialización de los líderes indígenas, como el caso más reciente de Sergio Rojas Ortiz, miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y Presidente del Gobierno Local del territorio Bribri de Salitre.

También denunciaron agresionesfísicas, con balas, machetes y quemaduras con hierros calientes a integrantes de la comunidad de Rio Azul (2013) - de igual forma en febrero del 2012 en la comunidad de Térraba-, las cuales fueron ejecutadas por no indígenas. También indican episodios de quemas de ranchos en la comunidad deCebror, territorio Bribri de Salitre. Expusieron que muchos de estos hechos fueron denunciados y que las denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas, por la poca diligencia de los órganos de investigación o bien porque los testigos fueron atemorizados por amenazas o intimidados incluso por las mismas autoridades.
 

Autogobierno

La Misión de Observadores escucho de la mayoría de los participantes en la reunión  que las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) no son estructuras representativas; pues estas son entidades impuestas por el Estado, al igual que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), que según dijeron viola el Convenio 169 de la OIT, lo que fue ratificado además por el último informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas James Anaya. Asimismo manifestaron que no existe reconocimiento a las estructuras de representación propias  de las comunidades indígenas, como por ejemplo los Consejos de Mayores.
 

Otros problemas que afectan a las comunidades

Denunciaron además problemas de alcoholismo, venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogadicción,hostigamiento sexual a mujeres indígenas y la presencia irregular de personas no indígenas, aparentemente vinculadas al narcotráfico, que repercute en incursiones sorpresivas de cuerpos policiales que se utiliza como excusa para realizar frecuentes operativos militares por parte de cuerpos de seguridad de Estado, que les quita la tranquilidad y genera un clima tensión  en esas comunidades.

La Delegación Internacional expresa su profunda gratitud por la disposición al encuentro de todos/as y cada uno/a de los miembros  de los Pueblos Indígenas participantes en la reunión; quienes recorrieron, en su mayoría, largas distancias para llegar hasta el territorio Bribri de Salitre. Asimismo, agradece los testimonios brindados durante el intercambio y la información facilitada a través de documentos entregados a la Misión de Observadores/as.
 

  Sobre la Mesa de Dialogo

La versión que mantienen los líderes indígenas del territorio Bribri de Salitre, es  “que no han incumplido ninguno de los acuerdos y que es más bien es  el gobierno el que ha incumplido, con varios de los compromisos, incluido el hecho de que en dos ocasiones  ha solicitado prorrogas para dicho cumplimiento, sin hacerlo”.
 

III. Información de las autoridades sobre las obligaciones del Estado en materia de derechos de los Pueblos Indígenas

La Delegación Internacional mantuvo entrevistas con diversas autoridades para recabar información sobre las normas, políticas y prácticas estatales para la garantía y el acceso a los derechos de los Pueblos Indígenas: Sr.Vicepresidente de la República, Dr. AlfioPiva Mesén; Sr. Ministro de Bienestar Social, Dr. Fernando Marín; Sr. Asesor de la Vicepresidencia de la República, Lic. Emil Rojas; Sra. Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas,Dra. Carmenmaría Escoto Fernández; Sra. Defensora de los Habitantes de la República, MBA. Ofelia TaitelbaumYoselewich; Sr. Defensor Adjunto de los Habitantes de la República, Lic. Luis Fallas Marín; y representes de la Dirección Protección Especial de la Defensoría de los Habitantes de la República, Lic. Álvaro Paniagua Núñez, Director,  y Lic. Marjorie Herrera Castro, abogada en esta área. La Misión solicitó previamente entrevistar con las autoridades incluida la Municipalidad y el Alcalde de Buenos Aires, pero no obtuvo respuesta positiva de ambos.

Asimismo, la Delegación Internacional agradece las visitas del Sr. Fiscal Adjunto del Ministerio Público Fiscal, Lic. Carlos Alberto Meléndez y la Fiscala de Asuntos Indígenas del Ministerio Público Fiscal, Lic. Ariana Céspedes; la Sra. Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, Sra. YorikoYasukawa y del Oficial de Coordinación, Sr. Randall Brenes.

La Delegación Internacional agradece la amable disposición para el diálogo y la información por parte de las autoridades nacionales e internacionales.

A continuación se presenta una síntesis de los elementos centrales abordados durante los diálogos mencionados.
 

Situación de los Pueblos Indígenas en Costa Rica

Las autoridades reconocen coincidentemente el rezago en la atención que el Estado debe brindar a los pueblos indígenas costarricenses.

Entre los aspectos deficitarios fueron mencionados los históricos conflictos sobre la propiedad y tenencia de la tierra; la atención social a través de políticas públicas de salud, educación, vivienda y la falta de acceso a servicios públicos básicos (agua, electricidad, transporte, caminos y rutas, entre otros) y planes sociales.

Sobre el primer punto, el Estado ha iniciado procesos de demarcación y medición catastral geo-referenciadas, apoyadas en los órganos técnicos, el Registro Nacional y el Instituto Geográfico. Este proceso se realiza con la participación de miembros de las comunidades y puede ser verificado por universidades y organismos internacionales.
Una vez culminado este proceso, estarán dadas las condiciones para el saneamiento interno. En aquellos casos de tenencia de la tierra por parte de no indígenas, el Estado exigirá que se compruebe tal situación; en todos los casos procederá a su expropiación y posterior indemnización, si fuera pertinente.
El Estado también reconoce que hay áreas críticas (en el sur del país) actualmente ocupadas por personas no indígenas, inclusive extranjeras, que constituyen los puntos de mayor conflictividad.

Ante la superposición de mecanismos legales (leyes y decretos) el Estado afirma que se apegan a la interpretación del marco que más favorece a los pueblos indígenas. Tal es el caso de la comunidad de Villa Hermosa, territorio Bribri de Salitre, considerada una de las situaciones más conflictiva.

Para la situación de conflicto en los territorios del sur, a iniciativa del gobierno, se creó una comisión de alto nivel denominada “Mesa de Diálogo” e integrada por representantes de los pueblos indígenas de la Zona Sur, autoridades estatales y como observadores la Defensoría de los Habitantes de la República y el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, que se reúne mensualmente. Según los voceros del gobierno y la representante del Sistema Naciones Unidas mencionada, el proceso atraviesa tensiones a partir de un incidente “los días 10 y 11 de agosto de 2013”  en la comunidad de Buena Vista, territorio Bribri de Salitre. El Estado aduce que como parte de los acuerdos, se estableció que no se produjeran acciones de recuperación de tierras “de hecho” hasta tanto no se finalizara el mapeo catastral, a fin de no afectar la credibilidad del mecanismo de diálogo y no generar inseguridad jurídica sobre los intereses de las partes.

El Sistema de Naciones Unidas manifiesta que se integra a dicha Mesa de Diálogo en tanto una de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, se refirió al apoyo a un diálogo intercultural para resolver algunos de los nudos problemáticos. Adicionalmente, por el conflicto surgido a partir del proyecto de instalación de la hidroeléctrica, “Diquís”, en el territorio indígena Térrabadel pueblo Teribe.

Esta Mesa de Diálogo acordó el abordaje de 5 puntos:

• la seguridad territorial;
• la gobernabilidad de los territorios indígenas;
• las políticas públicas y planes de desarrollo para los territorios indígenas;
• la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas y
• el análisis del derecho de consulta a los pueblos indígenas de Buenos Aires de Puntarenas y Pérez Zeledón.

Algunos representes del Estado manifestaron que la Mesa de Diálogo es una experiencia,que brinda la oportunidad de que se instale como mecanismo permanente para  la discusión y seguimiento al proceso. Sin embargo reconocen que el mecanismo se instaló tardíamente y que es lento; y también reconocen que en esa “Mesa de Dialogo” no  están representados la totalidad de los territorios indígenas y que algunos de los integrantes de la Mesa, provienen de comunidades donde no hay consenso para asumir su representación.

Sobre la autonomía, el Estado afirma que el proyecto de Ley a consideración de la Asamblea Legislativa, necesita modificaciones y actualizaciones. Se prevé la realización, en el mes de setiembre, de una reunión con las autoridades estatales y los pueblos indígenas para discutir las observaciones al proyecto de ley.
El representante Poder Ejecutivo manifestó que les ha propuesto en el contexto de la “Mesa de Dialogo” la idea de transformar las actuales estructuras de gobierno local (ADI) en Consejos Municipales de Distrito, con presupuesto y organización política autónoma.

Se ha creado recientemente el Subsistema de Educación Indígena con el cometido de asegurar el derecho a la educación en la cultura y lenguas propias, con profesores indígenas y capacitados profesionalmente, a través de convenios con las Universidades. Asimismo, el Estado afirma que ha realizado una fuerte inversión en infraestructura, lo que ha permitido la inauguración de un nuevo colegio y la construcción de otras aulas y escuelas próximas a inaugurarse.

En área de la salud, se construyó en el territorio Cabécar, ubicado en la comunidad de Baja Talamanca, un centro de salud y se proyecta un centro de pernoctación para albergar a los pacientes que deben trasladarse para recibir atención médica.
También se proyecta garantizar el acceso directo al seguro de salud gratuito. A modo de avance, el Poder Ejecutivo destacó la designación de un médico indígena en la Dirección del Área de Salud Indígena de la Caja Costarricense del Seguro Social, proyectando además que a futuro el personal de atención primaria y los médicos sean indígenas.

En lo relativo al proceso de consulta a los pueblos indígenas de acuerdo al marco normativo internacional, Naciones Unidas ha apoyado la solicitud del gobierno, a través de expertos peruanos y canadienses, así como de la OIT, que impartieron talleres para delegados indígenas, autoridades públicas y grupos interesados.

En el área de acceso a la Justicia, el Poder Judicial, manifestó avances en los mecanismos que garantizan dicho acceso. Entre ellos la integración de peritos culturales que incorporen la perspectiva cultural y antropológica a los dictámenes judiciales. Los funcionarios del Poder Judicial reconocieron fuertes debilidades en el impulso de aplicación de las políticas de acceso a la justicia en favor de los pueblos indígenas, especialmente capacitación, incorporación técnico cultural a los procesos, falta de personal y de presupuesto y mecanismos de monitoreo permanentes y oportunos que permitan realizar los correctivos necesarios. Esto ante casos emblemáticos recogidos por la Misión de Observadores en las entrevistas con los miembros de las comunidades indígenas.

Asimismo, manifestó preocupación por la alta tasa de personas privadas  de libertad indígenas, lo cual evidencia la inadecuación del sistema de administración de justicia. Específicamente, el proceso penal no aplica las pautas y patrones culturales de los pueblos indígenas; tampoco hace uso del servicio de traductores que garanticen la comunicación efectiva como parte del debido proceso.

El Ministerio Público Fiscal enfatizó su perspectiva de otorgar una tutela efectiva, a través del mapeo de las necesidades propias de cada uno de los pueblos, conociéndolas “de primera mano” por medio de visitas a los territorios indígenas. La Fiscalía de Asuntos Indígenas, con competencia nacional, entiende sobre aquellos casos que resulten de una tramitación especial y colabora con las fiscalías territoriales en aspectos que deban realizarse durante la investigación de delitos en los que intervengan personas indígenas. Ha impulsado una circular sobre política de persecución penal y abordaje de causas indígenas, que incluye aspectos tales como nombramiento de traductores, peritajes culturales, tala ilegal dentro de territorio indígena, usurpación de tierras y uso tradicional de la pesca entre los Maleku y la extensión territorial de dicha actividad. También creó un protocolo para la toma de denuncias a personas indígenas. Para asegurar un mejor acceso a la Justicia Penal por parte de la población indígena, asignó una plaza más de Fiscal a la Fiscalía de Asuntos Indígenas. Estos dos Fiscales deben atender a los 24 territorios indígenas.
 

IV. Consideraciones preliminares

La Delegación Internacional, a la luz de los testimonios y la información recogida a través de las distintas instancias desarrolladas entiende:

• Resulta evidente la situación histórica y permanente de vulneración integral de los derechos de los pueblos indígenas.

• Existe una intencionalidad manifiesta por parte de las distintas instituciones del Estado de impulsar políticas públicas en pro de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, identificamos insuficiencia en algunas áreas y carencia total en otras, de mecanismos y garantías que concreten dichas políticas.

• Constatamos la existencia de procesos de creciente organización y movilización de los pueblos indígenas, desde distintas formas de expresión, que coinciden en su profundo respeto por la madre naturaleza, el reclamo de sus autonomías y otros derechos vinculados al ejercicio de su propia cultura.

• Existen mecanismos abiertos entre los pueblos indígenas y las autoridades estatales; sin embargo es necesario que sean reforzados con acciones concretas que generen la confianza indispensable entre las partes, para el logro efectivo de sus objetivos y su permanencia en el tiempo. De igual forma, se requiere la incorporación de criterios de inclusión y equidad para la participación de todos los pueblos indígenas, como forma de legitimación de dicho proceso.

• Vemos con preocupación los distintos episodios de violencia que se mantienen en algunas comunidades indígenas por cuanto consideramos imprescindible que las autoridades competentes intervengan efectivamente para garantizar el desarrollo de un clima propicio para los procesos de diálogo y búsqueda de soluciones.

• La Delegación Internacional preparará un informe final que entregará a los/as interesados/as y difundirá a nivel nacional e internacional. Asimismo se compromete a dar seguimiento al contexto que motivó el desarrollo de la Misión y mantiene su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones alternativas hacia la construcción de la armonía y la paz como fruto de la Justicia.

La Delegación Internacional agradece muy especialmente la colaboración solidaria de las organizaciones sociales y sindicales, eclesiales, de derechos humanos, paz y no violencia, ecologistas, asociaciones y federaciones estudiantiles, sin cuyo apoyo esta Misión no hubiera sido posible.

San José, 29 de agosto de 2013.


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