viernes, 27 de enero de 2012

De la explotación de millonarias reservas de oro y cobre en la región amazónica del Ecuador se trata: el Gobierno del presidente Rafael Correa está a punto de firmar contratos por 2.800 millones de dólares con las empresas Ecuacorriente y Kinross que podrían contribuir con un cinco por ciento del producto interno bruto del país.
Unos 11.500 millones de libras de cobre, 22.800 onzas de oro, 1,1 millones de onzas de plata y 2,8 millones de libras de molibdeno: ésas son las cantidades que se extraería con el contrato con Ecuacorrientes, una filial de la canadiense Corriente Resource, con capital chino. Muchos millones de libras de cobre, oro y plata se prevén también para los contratos con las empresas canadienses International Minerals e Iamgold.
“Sentados en un saco de oro”
A todas luces, la diversificación y la reducción de la dependencia de las exportaciones petroleras es el plan. “No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro”, declaraba hace pocas semanas el presidente Correa. Y aunque la información oficial afirma que  no se trata de minería a cielo abierto y que se minimizará el impacto ambiental de la extracción, la megaminería inminente no nutre en la población necesariamente las esperanzas de vivir mejor.
“Delirios a gran escala”, los denomina Alberto Acosta, en el informe de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales: “Correa en los laberintos de la megaminería”.  Acosta, economista y ex ideólogo de la “revolución ciudadana” del actual presidente, se opone a los planes extractivos por no estar garantizado que sus desechos no  generen contaminación de las aguas con metales pesados y drenaje ácido en ecosistemas estratégicos.
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