"La presencia del movimiento indígena ecuatoriano en las instituciones
de la democracia formal no le ha hecho perder de vista su objetivo
central: afianzar sus formas autonómicas de organización socio-política y
la cosmovisión sobre la que se fundamentan. Estos objetivos, sin
embargo, no le han impedido ampliar sus propuestas étnicas incluyendo en
sus programas políticos demandas que afectan al conjunto de la
sociedad.
Así, más allá del dualismo, tan arraigado en la mentalidad occidental, entre capitalismo o socialismo, su proyecto busca materializar una nueva forma de entender las relaciones políticas, sociales, económicas y con la naturaleza que supongan un verdadero cambio estructural como alternativa a un neoliberalismo que en estos momentos no goza precisamente de buena salud.
Desde este punto de vista, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras agrupaciones han recorrido dos caminos, paralelos e interconectados, en su lucha por la autonomía: el del acceso a las instituciones gubernamentales y el del fortalecimiento de los procesos comunitarios internos.
Más allá de los claroscuros que ha supuesto para el movimiento indígena la participación en unas estructuras políticas ajenas a los procesos de democracia radical propia de la mayoría de los pueblos originarios, en este escrito lo que nos interesa es mostrar un ejemplo de esa lucha por la autonomía que, sin perder de vista el ámbito estatal, se realiza a diario desde las lógicas internas comunitarias.
La lucha contra las petroleras
Desde su emplazamiento a orillas del río Bobonaza, en la amazónica provincia de Pastaza, la comunidad kichwua de Sarayacu se ha convertido en un referente de la lucha por el territorio de los pueblos indígenas en Ecuador y en toda América Latina. Asediada por la petroleras desde los años 40 del pasado siglo, no es sin embargo hasta mediados de los 80 cuando, ya conscientes del impacto que supondrían las actividades extractivas en su territorio y en su forma de vida, comienza la lucha antipetrolera en Sarayacu.
En el año 1986, la concesión del bloque 10 a la petrolera estadounidense Arco/Oriente llevaría a la comunidad a realizar una serie de protestas que desembocarían en la firma del “Acuerdo de Sarayacu” entre la comunidad y las organizaciones indígenas por un lado y el gobierno estatal por otro. El comunitario José Gualinga, antiguo dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), explica que “el acuerdo fue establecido para que se reconocieran los títulos de propiedad y una moratoria de 15 años para la explotación petrolera. Después de 3 meses fue violado por parte del Estado ecuatoriano. Entonces emprendimos un nuevo proceso de lucha”.
Esta nueva fase de la lucha lleva a la OPIP -organización integrada en la CONAIE- a convocar en 1992 una marcha que bajo el eslogan “Por la tierra, por la vida, ¡levantémonos!” buscaría el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Según José Gualinga, esta marcha, que sería apoyada por todos los pueblos indígenas de Ecuador, “fue planificada en Sarayaku por sus líderes y los dirigentes de la OPIP. Fue una caminata de más de 350 km., más de 15.000 personas estuvieron en Quito durante 3 semanas. Dio como resultado la obtención de los títulos de propiedad”: un total de más de un millón de hectáreas, 135.000 de los cuales correspondieron a Sarayacu. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano “nos entregó los títulos de propiedad [de la tierra], pero no el subsuelo, que era considerado parte del Estado”.
En 1996, la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) recibe la concesión del Bloque 23, con un tamaño total de 200.000 hectáreas. La comunidad no es consultada a pesar de que el 75% del mismo se encuentra en sus tierras. Las posteriores promesas en forma de compensaciones económicas y puestos de trabajo por parte de la compañía fueron rechazadas por la comunidad.
Ante la oposición de Sarayacu a cualquier tipo de actividad petrolera en su territorio, el Gobierno ecuatoriano militarizó la zona, acusó de terrorismo a los dirigentes comunitarios y emitió órdenes de detención contra ellos. El 25 de enero de 2003 cuatro de ellos eran detenidos y torturados por militares, policías y guardias privados de la compañía.
Paralelamente, la CGC contrató a la empresa experta en “relaciones comunitarias”, Daimiservices S.A. A través de diferentes acciones consiguió poner en contra de Sarayacu a otras comunidades kichwas cercanas que llegaron a cortar el paso por el río a todo aquel que se dirigiera a Sarayacu.
Las ya tradicionales prácticas divisionistas implementadas en estos casos fueron acompañadas por un intento de dinamitar las bases culturales comunitarias. Un ejemplo de ello lo tenemos en el derribo del árbol sagrado de Lispungo del shaman César Vargas. Una acción que, según la comunidad, se hizo a apropósito y con conocimiento de lo que éste significaba para ella.
Según cuenta Marlon Santi, que fuera Presidente de Sarayacu y que actualmente está al frente de la CONAIE, “César Vargas se sentía bien decaído, le puede producir una psicosis emocional porque le quitan parte de su vida, parte de su sabiduría, parte de su sueño, porque un árbol también hace soñar.”(1).
Tal y como nos cuenta José Gualinga, “[en los lugares sagrados] están depositadas las almas de los shamanes y si se destruyen, se destruye su alma y todo un pueblo”. Igualmente, la compañía provocó una guerra entre shamanes de Sarayacu y de las comunidades favorables a ella como, según José Gualinga, “una estrategia para eliminar la resistencia y el poder de Sarayacu a través de los ancianos”.
La comunidad, declarada en estado de emergencia, defendió su territorio a través de acciones pacíficas y de denuncias a nivel internacional, la mayoría de las cuales aún están por resolver. Finalmente, la CGC daría marcha atrás en sus actividades de prospección abandonando 1400 kg de explosivos que, a pesar de que las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen enterrados en territorio de Sarayacu.
La determinación y la organización de unos pocos mas de 1.000 comunitarios había conseguido expulsar a una poderosa petrolera de su territorio. Mientras la provincia de Orellana, situada al norte de Pastaza, ha sido y sigue siendo presa del saqueo compulsivo por parte de las petroleras a pesar de contar, por ejemplo, con el Parque Nacional de Yasuní -una de las reservas naturales más importantes del planeta-, Pastaza ha corrido mejor suerte y la actividad petrolera no ha sido tan feroz. Para Marlon Santi, “Sarayacu es el candado para que en el centro-sur de la amazonía no entren las petroleras”.
Autonomía y Estado Plurinacional
Según Berta Gualinga “toda esta lucha y defensa [por el territorio] fue muy importante, [...] nos sirvió para unirnos más”. Muestra de este dinamismo y fortaleza fue la propuesta hecha al conjunto de la sociedad ecuatoriana a través del Libro de Vida de Sarayacu. Según explica José Gualinga “la comunidad ha definido estrategias de organización de un plan no de desarrollo local tal y como nos imponen, sino un plan que nos permita enfocar nuestra propia visión a partir de nuestra cosmovisión. Y que eso sea un modelo de propuesta para el país.”
Según el Libro de Vida, elaborado en pleno conflicto con la CGC, “la noción de desarrollo de Sarayaku es sin duda distinta a la vigente en el mundo occidental que está íntimamente ligada a la noción de voluntad individual y autonomía personal, operable dentro de un modo de producción mercantil”. Así, “la lucha por la autodeterminación es al mismo tiempo una reafirmación por una democracia plena, íntegra”, más allá de “aquellas relaciones de dominación que el capitalismo nos propone, que se caracterizan por la instauración de las leyes de mercado como criterio ordenador de las relaciones sociales”.
Desde este punto de vista, la comunidad de Sarayacu plantea “consolidar nuestra autonomía y autodeterminación, en base al reconocimiento de nuestros territorios con el rango de instituciones político-administrativas”. Añadiendo “que no se trata de anular la estructura orgánica, político-administrativa del Estado, sino de establecer [...] una categoría y entidad nueva”.
Franco Viteri, que fuera Presidente de Sarayacu durante el conflicto con la CGC, explica que “el Plan de Vida’ de Sarayacu tiene tres pilares fundamentales: Lo primero es el Sumak Allpa, que se refiere a la tierra sin mal’ y que es el territorio que defendemos; después el Sacha Runa Yachay, el conocimiento del hombre selvático’, como instrumento para lograr el tercero de los pilares, el Sumak Kawsay, traducido literalmente por el buen vivir’ o vida en plenitud’”.
Esta filosofía, propia de todo el pueblo kichwa, ha formado parte de la propuesta desde la que la CONAIE ha encarado el reciente proceso constituyente en Ecuador. Para José Gualinga, “que [la cosmovisión indígena] se incorpore en la Constitución significa la reconstrucción del país, significa construir una nueva identidad del pueblo ecuatoriano”. Y añade: “Más que un pensamiento extractivista, socialista o capitalista, creo que nosotros verdaderamente tenemos una base de futuro para todos”.
Y es que, según la opinión de José Gualinga, “en la Asamblea Constituyente se han logrado cambios importantes como el derecho de la naturaleza, derechos sociales, culturales que favorecen a los pueblos y nacionalidades. Pero en el fondo, el lograr una autodeterminación de pueblos en un país diverso no se ha logrado realmente. El gobierno de Correa sigue una tesis extractivista, de megaproyectos, que amenaza la existencia de los pueblos y nacionalidades sobre todo en la Amazonía”.
Una política que parte de la falta de capacidad para asumir y actuar en función de la diversidad de identidades que se dan en Ecuador. En opinión de Franco Viteri, “el mismo concepto de ciudadano es una categoría copiada de Europa y mal utilizada que se ha dado incluso para que la gente sea explotada. La palabra ciudadano’ es excluyente para el indígena, porque es uniformarnos y no aceptar la diversidad del país”.
Según José Gualinga, “no entendemos bien de qué se trata esta revolución ciudadana’, a pesar de que hemos apoyado al gobierno de Rafael Correa. La hemos entendido, como al socialismo, como meter en un solo saco a todos y negar la diversidad. Y eso te vuelve campesino, un obrero, te transforma en un pobre y que la revolución ciudadana siga adelante. Nosotros entendimos que para hacer la revolución se debe entender la propia realidad de un país, la plurinacionalidad”.
Esta necesidad de tomar como punto de partida la diversidad existente en Ecuador pasa necesariamente por dejar espacio a las expresiones autonómicas de los pueblos originarios. Para Franco Viteri, “la propuesta de autonomía, de descentralización, que pedimos hacia las instituciones indígenas más bien fortalece al estado ecuatoriano en base a nuestra propuesta de unidad en la diversidad’, no en lo homogéneo, tal y como plantea en estado ecuatoriano”.
El concepto de autonomía, aclara Franco Viteri, “está siendo últimamente utilizado por parte los mismos poderes hegemónicos, como sucede en Bolivia o en Ecuador con la propuesta de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Es una propuesta que nada tiene que ver con el concepto de autonomía que nosotros tenemos”, basada en una concepción diferente del poder: “Creemos que el poder radica en la solidaridad, en la capacidad de ser recíproco con el prójimo, de respetar, de preservar la paz y de consensuar”. Lo cual, en la práctica, supone alejarse del verticalismo propio de otras estructuras socio-políticas: “Cuando hablamos de horizontalidad no sólo hablamos de una forma de conducción (política) sino a una forma de conducta social”.http://servindi.org/actualidad/5171
Más en:
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Así, más allá del dualismo, tan arraigado en la mentalidad occidental, entre capitalismo o socialismo, su proyecto busca materializar una nueva forma de entender las relaciones políticas, sociales, económicas y con la naturaleza que supongan un verdadero cambio estructural como alternativa a un neoliberalismo que en estos momentos no goza precisamente de buena salud.
Desde este punto de vista, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras agrupaciones han recorrido dos caminos, paralelos e interconectados, en su lucha por la autonomía: el del acceso a las instituciones gubernamentales y el del fortalecimiento de los procesos comunitarios internos.
Más allá de los claroscuros que ha supuesto para el movimiento indígena la participación en unas estructuras políticas ajenas a los procesos de democracia radical propia de la mayoría de los pueblos originarios, en este escrito lo que nos interesa es mostrar un ejemplo de esa lucha por la autonomía que, sin perder de vista el ámbito estatal, se realiza a diario desde las lógicas internas comunitarias.
La lucha contra las petroleras
Desde su emplazamiento a orillas del río Bobonaza, en la amazónica provincia de Pastaza, la comunidad kichwua de Sarayacu se ha convertido en un referente de la lucha por el territorio de los pueblos indígenas en Ecuador y en toda América Latina. Asediada por la petroleras desde los años 40 del pasado siglo, no es sin embargo hasta mediados de los 80 cuando, ya conscientes del impacto que supondrían las actividades extractivas en su territorio y en su forma de vida, comienza la lucha antipetrolera en Sarayacu.
En el año 1986, la concesión del bloque 10 a la petrolera estadounidense Arco/Oriente llevaría a la comunidad a realizar una serie de protestas que desembocarían en la firma del “Acuerdo de Sarayacu” entre la comunidad y las organizaciones indígenas por un lado y el gobierno estatal por otro. El comunitario José Gualinga, antiguo dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), explica que “el acuerdo fue establecido para que se reconocieran los títulos de propiedad y una moratoria de 15 años para la explotación petrolera. Después de 3 meses fue violado por parte del Estado ecuatoriano. Entonces emprendimos un nuevo proceso de lucha”.
Esta nueva fase de la lucha lleva a la OPIP -organización integrada en la CONAIE- a convocar en 1992 una marcha que bajo el eslogan “Por la tierra, por la vida, ¡levantémonos!” buscaría el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Según José Gualinga, esta marcha, que sería apoyada por todos los pueblos indígenas de Ecuador, “fue planificada en Sarayaku por sus líderes y los dirigentes de la OPIP. Fue una caminata de más de 350 km., más de 15.000 personas estuvieron en Quito durante 3 semanas. Dio como resultado la obtención de los títulos de propiedad”: un total de más de un millón de hectáreas, 135.000 de los cuales correspondieron a Sarayacu. Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano “nos entregó los títulos de propiedad [de la tierra], pero no el subsuelo, que era considerado parte del Estado”.
En 1996, la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) recibe la concesión del Bloque 23, con un tamaño total de 200.000 hectáreas. La comunidad no es consultada a pesar de que el 75% del mismo se encuentra en sus tierras. Las posteriores promesas en forma de compensaciones económicas y puestos de trabajo por parte de la compañía fueron rechazadas por la comunidad.
Ante la oposición de Sarayacu a cualquier tipo de actividad petrolera en su territorio, el Gobierno ecuatoriano militarizó la zona, acusó de terrorismo a los dirigentes comunitarios y emitió órdenes de detención contra ellos. El 25 de enero de 2003 cuatro de ellos eran detenidos y torturados por militares, policías y guardias privados de la compañía.
Paralelamente, la CGC contrató a la empresa experta en “relaciones comunitarias”, Daimiservices S.A. A través de diferentes acciones consiguió poner en contra de Sarayacu a otras comunidades kichwas cercanas que llegaron a cortar el paso por el río a todo aquel que se dirigiera a Sarayacu.
Las ya tradicionales prácticas divisionistas implementadas en estos casos fueron acompañadas por un intento de dinamitar las bases culturales comunitarias. Un ejemplo de ello lo tenemos en el derribo del árbol sagrado de Lispungo del shaman César Vargas. Una acción que, según la comunidad, se hizo a apropósito y con conocimiento de lo que éste significaba para ella.
Según cuenta Marlon Santi, que fuera Presidente de Sarayacu y que actualmente está al frente de la CONAIE, “César Vargas se sentía bien decaído, le puede producir una psicosis emocional porque le quitan parte de su vida, parte de su sabiduría, parte de su sueño, porque un árbol también hace soñar.”(1).
Tal y como nos cuenta José Gualinga, “[en los lugares sagrados] están depositadas las almas de los shamanes y si se destruyen, se destruye su alma y todo un pueblo”. Igualmente, la compañía provocó una guerra entre shamanes de Sarayacu y de las comunidades favorables a ella como, según José Gualinga, “una estrategia para eliminar la resistencia y el poder de Sarayacu a través de los ancianos”.
La comunidad, declarada en estado de emergencia, defendió su territorio a través de acciones pacíficas y de denuncias a nivel internacional, la mayoría de las cuales aún están por resolver. Finalmente, la CGC daría marcha atrás en sus actividades de prospección abandonando 1400 kg de explosivos que, a pesar de que las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguen enterrados en territorio de Sarayacu.
La determinación y la organización de unos pocos mas de 1.000 comunitarios había conseguido expulsar a una poderosa petrolera de su territorio. Mientras la provincia de Orellana, situada al norte de Pastaza, ha sido y sigue siendo presa del saqueo compulsivo por parte de las petroleras a pesar de contar, por ejemplo, con el Parque Nacional de Yasuní -una de las reservas naturales más importantes del planeta-, Pastaza ha corrido mejor suerte y la actividad petrolera no ha sido tan feroz. Para Marlon Santi, “Sarayacu es el candado para que en el centro-sur de la amazonía no entren las petroleras”.
Autonomía y Estado Plurinacional
Según Berta Gualinga “toda esta lucha y defensa [por el territorio] fue muy importante, [...] nos sirvió para unirnos más”. Muestra de este dinamismo y fortaleza fue la propuesta hecha al conjunto de la sociedad ecuatoriana a través del Libro de Vida de Sarayacu. Según explica José Gualinga “la comunidad ha definido estrategias de organización de un plan no de desarrollo local tal y como nos imponen, sino un plan que nos permita enfocar nuestra propia visión a partir de nuestra cosmovisión. Y que eso sea un modelo de propuesta para el país.”
Según el Libro de Vida, elaborado en pleno conflicto con la CGC, “la noción de desarrollo de Sarayaku es sin duda distinta a la vigente en el mundo occidental que está íntimamente ligada a la noción de voluntad individual y autonomía personal, operable dentro de un modo de producción mercantil”. Así, “la lucha por la autodeterminación es al mismo tiempo una reafirmación por una democracia plena, íntegra”, más allá de “aquellas relaciones de dominación que el capitalismo nos propone, que se caracterizan por la instauración de las leyes de mercado como criterio ordenador de las relaciones sociales”.
Desde este punto de vista, la comunidad de Sarayacu plantea “consolidar nuestra autonomía y autodeterminación, en base al reconocimiento de nuestros territorios con el rango de instituciones político-administrativas”. Añadiendo “que no se trata de anular la estructura orgánica, político-administrativa del Estado, sino de establecer [...] una categoría y entidad nueva”.
Franco Viteri, que fuera Presidente de Sarayacu durante el conflicto con la CGC, explica que “el Plan de Vida’ de Sarayacu tiene tres pilares fundamentales: Lo primero es el Sumak Allpa, que se refiere a la tierra sin mal’ y que es el territorio que defendemos; después el Sacha Runa Yachay, el conocimiento del hombre selvático’, como instrumento para lograr el tercero de los pilares, el Sumak Kawsay, traducido literalmente por el buen vivir’ o vida en plenitud’”.
Esta filosofía, propia de todo el pueblo kichwa, ha formado parte de la propuesta desde la que la CONAIE ha encarado el reciente proceso constituyente en Ecuador. Para José Gualinga, “que [la cosmovisión indígena] se incorpore en la Constitución significa la reconstrucción del país, significa construir una nueva identidad del pueblo ecuatoriano”. Y añade: “Más que un pensamiento extractivista, socialista o capitalista, creo que nosotros verdaderamente tenemos una base de futuro para todos”.
Y es que, según la opinión de José Gualinga, “en la Asamblea Constituyente se han logrado cambios importantes como el derecho de la naturaleza, derechos sociales, culturales que favorecen a los pueblos y nacionalidades. Pero en el fondo, el lograr una autodeterminación de pueblos en un país diverso no se ha logrado realmente. El gobierno de Correa sigue una tesis extractivista, de megaproyectos, que amenaza la existencia de los pueblos y nacionalidades sobre todo en la Amazonía”.
Una política que parte de la falta de capacidad para asumir y actuar en función de la diversidad de identidades que se dan en Ecuador. En opinión de Franco Viteri, “el mismo concepto de ciudadano es una categoría copiada de Europa y mal utilizada que se ha dado incluso para que la gente sea explotada. La palabra ciudadano’ es excluyente para el indígena, porque es uniformarnos y no aceptar la diversidad del país”.
Según José Gualinga, “no entendemos bien de qué se trata esta revolución ciudadana’, a pesar de que hemos apoyado al gobierno de Rafael Correa. La hemos entendido, como al socialismo, como meter en un solo saco a todos y negar la diversidad. Y eso te vuelve campesino, un obrero, te transforma en un pobre y que la revolución ciudadana siga adelante. Nosotros entendimos que para hacer la revolución se debe entender la propia realidad de un país, la plurinacionalidad”.
Esta necesidad de tomar como punto de partida la diversidad existente en Ecuador pasa necesariamente por dejar espacio a las expresiones autonómicas de los pueblos originarios. Para Franco Viteri, “la propuesta de autonomía, de descentralización, que pedimos hacia las instituciones indígenas más bien fortalece al estado ecuatoriano en base a nuestra propuesta de unidad en la diversidad’, no en lo homogéneo, tal y como plantea en estado ecuatoriano”.
El concepto de autonomía, aclara Franco Viteri, “está siendo últimamente utilizado por parte los mismos poderes hegemónicos, como sucede en Bolivia o en Ecuador con la propuesta de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Es una propuesta que nada tiene que ver con el concepto de autonomía que nosotros tenemos”, basada en una concepción diferente del poder: “Creemos que el poder radica en la solidaridad, en la capacidad de ser recíproco con el prójimo, de respetar, de preservar la paz y de consensuar”. Lo cual, en la práctica, supone alejarse del verticalismo propio de otras estructuras socio-políticas: “Cuando hablamos de horizontalidad no sólo hablamos de una forma de conducción (política) sino a una forma de conducta social”.http://servindi.org/actualidad/5171
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