La injusticia del Prestige

Han trascurrido diez años desde el desastre del Prestige y la marea negra que ocasionó. Aunque muchos digan que solo fue un accidente, no es esa la causa principal de la que es una de las mayores catástrofes ambientales, no solo de España, sino del todo el mundo. Más bien al contrario, las principales causas de la marea negra fueron debidas a los fallos y negligencias institucionales, como la legislación y régimen de responsabilidad en el trasporte marítimo, que siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, y de las decisiones políticas que se tomaron antes, durante y tras el accidente.

• ¿Cómo es posible que ninguna de las empresas con intereses relacionados al buque y a su cargamento tengan ninguna responsabilidad legal ni económica?
• ¿Cómo es posible que ninguno de los responsables institucionales que tomaron las decisiones sobre la gestión de la emergencia, del accidente, y de la marea negra tenga ninguna responsabilidad legal ni política?
• ¿Podemos dejar de arriesgarnos a seguir sufriendo catástrofes ambientales que nuestro sistema jurídico y político no pueden asumir?

Ahora, diez años después, comienza el juicio para exigir responsabilidades. Este retraso demuestra la imposibilidad técnica de que el sistema judicial pueda hacerse cargo del enjuiciamiento de catástrofes ambientales. Ninguna de las empresas implicadas está afectada por ello, y únicamente una persona en representación de las instituciones hará frente a todas las responsabilidades de ámbito estatal.

Es obvio que algunas cosas deberían cambiar.

• Un juicio no puede retrasarse diez años. Ningún juzgado instructor está dotado de los medios humanos y materiales para un procedimiento así, y además el derecho penal en España limita en casos como este que las responsabilidades puedan ser depuradas.
• Las regulaciones internacionales no pueden seguir como siempre, manteniendo el uso habitual de banderas de conveniencia, el empleo de verdaderos entramados de sociedades interpuestas, y la insuficiencia de las indemnizaciones que limitan la responsabilidad.

Mientras esto no ocurra, las cosas no cambiarían si ocurriera otro Prestige.

En cualquier caso, incluso aunque la justicia hubiera podido llevar al banquillo a todos los responsables, se hubiera dado una sentencia penal y las exigencias de responsabilidades civiles fueran implacables con las empresas implicadas, todavía sería más conveniente abandonar aquellas actividades cuyas consecuencias contra el medio ambiente y las personas son irreparables. Por ello, lo que de verdad hay que cambiar, sobre todo, es el uso del petróleo. Es necesario, y es posible.

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